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Los economistas y juristas firmantes de este Documento
lo han elaborado con objeto de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión
de expertos designada por el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma
de las pensiones que con base en él pretende acometer el PP. Los
ciudadanos deben saber que reducir las pensiones no es un medida que sirva para
combatir la crisis económica sino que implica un paso en el desmantelamiento
del estado social que se está llevando a cabo.
En defensa del sistema público de pensiones
LA SOSTENIBILIDAD DE
LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un
problema condiciona su solución. La sostenibilidad del sistema público de
pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia y en otros por
intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha tratado como un
problema técnico cuando es un problema político. Se ha querido enmarcar como
una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en realidad el quid de la
cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que creamos que la
sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de “cuántos son los que
producen”, cuando la variable importante es “cuánto se produce”.
Conscientes de que se trata de un
problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse
únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos
aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades
financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos
internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del
sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales,
demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente
posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos
sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un
ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema
de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad,
más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses
para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público
si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresiónquiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que
fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000
el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en
una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será
incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se
produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un
superávit del 0,4%.
La argumentación de
todos estos informes era similar: el incremento de la esperanza
de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de población que
haría inviable en el futuro el sistema público de pensiones. Vaticinaban
que en un determinado número de años se produciría la quiebra de la Seguridad
Social. El tiempo ha ido transcurriendo y hemos llegado a las fechas fijadas
sin que se cumpliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece natural ya que
no tuvieron en cuenta determinados factores tales como la incorporación de más
mujeres al mercado laboral o el incremento en el número de inmigrantes. El
estrecho encuadre de las proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo
la población total no pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad
de las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver en la solución.
LA TASA DE ACTIVIDAD,
UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor número de
mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial
de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los
trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un
amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad
femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez,
las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de actividad,
pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido es de
activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose por la
reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el problema
radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla: se
trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la
población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el
número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan
hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad
de jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de paro. En
2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la edad de jubilación
de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.
LA PRODUCTIVIDAD,
FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al
plantear la cuestión de las pensiones hay que superar también la visión
estrictamente cuantitativa del número de trabajadores para considerar, además,
la productividad. Como ya hemos dicho, el problema no estriba en cuántos son
los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Cien trabajadores pueden
producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior, de tal
modo que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un
gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de
trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el
futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Quizá lo ocurrido
con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace cincuenta años el 30% de la
población activa española trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace el
4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior. En resumen, un número
menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de pensionistas.
CONSECUENCIAS DE UNA
VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión
sesgada del mismo, lo que ha introducido al sistema público de pensiones en un
laberinto de difícil salida. A ello ha contribuido la consideración de las
cotizaciones sociales como fuente exclusiva de financiación de las
pensiones, no encontrando entonces otra salida que no sea la disminución de las
prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento
aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de
abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas estructurales del sistema de
Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Su
origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de una
proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una ponencia en
el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas
estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no
descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que
se complementan.
El primero es una ofensiva internacional
en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas, que partía de
ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la Unión Europea.
Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los países, potenciadas
por las entidades financieras y por la mayoría de las fuerzas económicas y
políticas.
El segundo hecho es nacional y reside en
las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios de nuestro
país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de pensiones. El
PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a los
pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como así
ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al poder
suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo, ante el
déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad Social, el
Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo compensaba
mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje negativo al
presentar la Seguridad Social como una institución distinta del Estado y, por
otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una situación crítica
de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar al Gobierno de
ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de
pensionistas, convertidos en ocho millones de votantes, cuyo ámbito de
preocupaciones, en esta etapa de su vida, se circunscribe en buena medida a
cómo afrontar económicamente los últimos días de su existencia, es bastante
aliciente para que los dos partidos mayoritarios utilicen el tema de las
pensiones como arma electoral. Los jubilados son percibidos como presa fácil de
la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre
los dos partidos mayoritarios resultaba preocupante porque sembraba la sospecha
de que tanto uno como otro consideraban las pensiones públicas como algo
graciable que podía reducirse. Cuando piensan que están perjudicando a la otra
formación política, en realidad lo que hacen es descubrir su concepción espuria
sobre el tema. El simple hecho de dar como posible la quiebra de la Seguridad
Social es ya un atentado al Estado social que consagra la Constitución.
LA SEGURIDAD SOCIAL NO
ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones
se cierne cuando se pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto y
separado de los servicios del al Estado. El divorcio solo es planteable desde
una concepción neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del
Estado social. En su virtud, la protección social no es algo accidental al
Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su esencia. El Pacto
de Toledo realizó una segregación entre Estado y Seguridad Social,
estableciendo la separación de fuentes de financiación. Mientras determinadas
prestaciones, como las no contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado
y a financiarse con impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en
el ámbito de la Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien
es cierto que el Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en
lugar de “exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal
matización se olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones
únicamente de las cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en
extremo vulnerable.
Anteriormente no había sido así. De
hecho, en los presupuestos del Estado aparecían transferencias de recursos del
Estado a la Seguridad Social. La Ley de Presupuestos de 1989 estableció un
cambio de modelo de financiación mediante el compromiso de financiar
progresivamente con aportaciones públicas. Los complementos de mínimos de las
pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se introdujo un antecedente muy
negativo al cubrir los desequilibrios entre cotizaciones y prestaciones con
préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante transferencias, prueba palpable
de la distinción que se quería hacer entre el Estado y la Seguridad Social. El
tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se reduce un punto la cotización
por contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido
como algo estructural, no como un mero instrumento para la transparencia y una
administración racional de los recursos del Estado. Este mecanismo se ha
transformado en una característica esencial del sistema y, lejos de garantizar
las futuras pensiones, ha dado ocasión a que algunos conciban la Seguridad
Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado
económicamente de la Hacienda Pública. Esta concepción es claramente abusiva y
coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando
además toda mejora en las prestaciones.
EL FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su
contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de
reserva. Se estipula que en las épocas en que la recaudación por cotizaciones
sociales exceda del gasto en pensiones se constituya un fondo para subvenir a
financiar el déficit cuando los términos se inviertan. No es este fondo al que
vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que puede ofrecer seguridad a
los futuros pensionistas, sino la garantía de que detrás del derecho a la
prestación se encuentra el Estado con todo su poder económico. La prueba
evidente es que de nada ha servido que durante todos los años de bonanza se
haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno o de otro signo se
hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los primeros déficits
en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de reforma y de
reducción de las prestaciones.
LAS PENSIONES NO
TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES SOCIALES
En un Estado definido como social por la
vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las
pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son
todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de
los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre
Seguridad Social y Estado es meramente administrativa y contable pero no
económica y, mucho menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros
tipos de prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se
encuentren en los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba
que se trata de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante
del Estado, su quiebra solo se concibe unida a la quiebra del Estado y el
Estado no puede quebrar. Como máximo puede acercarse a la suspensión de pagos,
pero tan solo si antes se hubiese hundido toda la economía nacional, en cuyo
caso no serían únicamente los pensionistas los que tendrían dificultades, sino
todos los ciudadanos: poseedores de deuda pública, funcionarios, empresarios,
asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de
pensiones. Los apologistas de estos últimos, que son los que al mismo tiempo
más hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos
privados los que tienen mayor riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la
pasada crisis bursátil. Ante una hecatombe de la economía nacional, muy pocos
podrían salvarse, pero no tiene por qué ser ese el futuro de la economía
española, a no ser que cierto dogmatismo económico nos introduzca en una
coyuntura de difícil salida.
LAS PENSIONES, DERECHO
DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de
mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón
para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El
artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones,
en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la
Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su
naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a
la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir
con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las
cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son
suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el
desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado “déficit del sistema”, más
allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente
solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el
desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel,
sin que tenga sustantividad propia. No se puede pretender que esté en cuestión
la viabilidad del sistema de pensiones por el hecho de que en una coyuntura
como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras
aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del
sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis, en la que la
caída brutal del empleo (provocada en parte por la propia política económica
adoptada a nivel europeo y nacional) ocasiona una reducción de ingresos por
cotizaciones, no parece razonable. El hecho de que los ingresos por
cotizaciones sean en este momento inferiores a los gastos en pensiones, si
indica algo es que lo insostenible es la caída de los ingresos debida a la
recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente insostenible es la propia
recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma urgente es adoptar las
medidas que permitan superar, de una vez por todas, la caída del PIB y del
empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad del sistema de
pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la severidad de la
crisis económica. Lo que está en cuestión es la política económica seguida.
TAMBIÉN HAY QUE
CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya planteado
siempre desde el lado del gasto para reducirlo, y nunca desde la óptica de los
ingresos y de su posible incremento; más bien todo lo contrario, de vez en
cuando surgen presiones para disminuir las cotizaciones sociales. Estas
presiones que, en los momentos actuales, proceden incluso de la propia Unión
Europea, añaden sin duda un factor más de inseguridad si hacemos depender
exclusivamente las pensiones de las cotizaciones, tal como se asume en el
informe de los expertos del Gobierno. Es una evidencia que las reivindicaciones
para reducir las cotizaciones aumentarán en el futuro bajo el argumento de que
estas constituyen un impuesto sobre las nóminas, y que deberían ser sustituidas
por impuestos indirectos.
El gasto, en relación al PIB, del
sistema público de pensiones español es reducido cuando lo comparamos con el de
la mayoría de los países de nuestro entorno, por lo que no parece que tenga
mucho sentido hablar de que su viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello
el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%,
y el conjunto de la UE, el 11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la
situación no va a cambiar durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de
la Comisión Europea (que es la instancia que nos conmina a llevar a cabo
reformas urgentes), en 2030 nuestro gasto en pensiones será del 10,6%,
prácticamente lo mismo que hoy gasta Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro
gasto será del 11,3%. Los datos no avalan, pues, en modo alguno, la premura ni
la obligación por el lado del gasto.
Tras la reforma de
2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España, según admite la
Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report,
sería del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente
debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de
las generaciones del baby boom es
sustituida por el efecto contrario: la llegada de las generaciones de la más
baja tasa de natalidad de la historia). Es decir, tendremos que destinar a las
pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países
como Austria, Francia o Italia.
LA RENTA PER CÁPITA
COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la
pirámide de población y la proporción entre activos y pasivos no son las únicas
variables que habría que tener en cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o
inviabilidad del sistema público de pensiones, sino también la evolución de la
renta per cápita. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la
pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los
pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per
cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían no reducirse
sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que
contemplarlo en términos de distribución y no de escasez de recursos. En los
últimos treinta años la renta per cápita en términos constantes casi se ha
duplicado y es de esperar que en el futuro continúe una evolución similar. Si
es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones
de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y,
especialmente, de los políticos- de realizar una verdadera política
redistributiva.
MÁS BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras
sociales y económicas comportan también que las necesidades que deben ser
satisfechas cambien y, por tanto, haya una variación de los bienes y servicios
que hay que producir. Es muy posible que la decisión que adopte el mercado
referente a estos no sea la adecuada -en contra de lo que piensa el liberalismo
económico- a las necesidades reales, ni en su composición cualitativa ni
cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el sector industrial y en el de
servicios presentan nuevas contingencias o, al menos, contingencias mucho más
acusadas que en el mundo rural. La incorporación de la mujer al mercado laboral
y el aumento en la esperanza de vida crean nuevas necesidades y exigen por
tanto la necesidad de que las sociedades se doten de nuevos servicios.
John Kenneth Galbraith anunció ya hace
bastantes años que todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes
y servicios que deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de
los llamados bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que
estos bienes y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el
mercado. Pero llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad
privar a la mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España
podrían permitirse el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la
sanidad, con sus propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de
ahorrar una cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación
digna? La única dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del
neoliberalismo económico, una sola tendencia pretende imponer su ley: más
iniciativa privada y menos sector público.
El envejecimiento de la población de
ninguna manera provoca la insostenibilidad del sistema público de pensiones,
pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no sólo a financiar las
pensiones, sino también a pagar el gasto sanitario y los servicios de atención
a los ancianos y los dependientes. Detracción por una parte perfectamente
factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a
la miseria a buena parte de la población, precisamente a los ancianos, una
especie de eutanasia colectiva.
EL SISTEMA ESPAÑOL NO
ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo
tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación
de la OCDE y de otros organismos internacionales acerca de que las pensiones en
España son muy generosas. Cosa curiosa, porque para generosidad la que estos
organismos tienen con sus funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera
de ellos garantiza una generosa pensión que ya quisieran para sí los
trabajadores con mejor cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de
las pensiones españolas proviene de unos planteamientos que no se corresponden
con los datos, Además, las comparaciones internacionales resultan muy complicadas
en estos casos. Parten de la siguiente pregunta: ¿qué pensión le correspondería
en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el
número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y
se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este
porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos
países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia.
Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son
los más generosos con sus jubilados.
En realidad, se trata de todo lo
contrario, porque el indicador anterior es un porcentaje teórico que pasa por
alto muchos factores: la dinámica del mercado de trabajo, la penalización de la
jubilación anticipada, topes máximos, salario mínimo, bases sobre las que
cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas, sistema fiscal, etc. La tasa
real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje. En vez del 90%, la
cifra que se obtiene computando todos los factores, no alcanza siquiera el 60%
del salario medio. En 2011, la media de las nuevas pensiones de jubilación
ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que el salario medio bruto para el
cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones
contributivas y la totalidad de las no contributivas están por debajo del
umbral de pobreza. En 2011, la cuantía de la pensión media de jubilación
ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados cobran en la actualidad menos
de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los 700 euros).
SE PRETENDE FAVORECER
LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que
las múltiples campañas realizadas para sembrar dudas acerca de la viabilidad de
las pensiones públicas tienen también como finalidad potenciar los fondos
privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad
de completar las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a
considerar es lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación “pensiones”
aplicadas a los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las
aportaciones las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la
única alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona
de forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta
tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan
decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué
en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en
cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de
ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que
cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de
pensiones) en detrimento de otros.
Supeditar la solución de la contingencia
de vejez a la cantidad de ahorro que cada individuo haya podido acumular a lo
largo de su vida activa es condenar a la pobreza en su ancianidad a la gran
mayoría de la población. Es bien sabido que el 60% de los ciudadanos carecen de
capacidad de ahorro (no llegan a final de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace
en una cuantía a todas luces insuficiente para garantizar el mínimo vital en la
jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones
solo benefician a las entidades financieras depositarias de las inversiones y
que controlan a las gestoras. De hecho, dejarían de existir tan pronto como
desapareciese la desgravación fiscal, tal como se encargaron de difundir sus
propios defensores cuando se expandió el rumor de que iban a perder los
beneficios fiscales. ¿Pero cuál es entonces la razón de ser de un producto
financiero que sin desgravación fiscal nadie -ni ricos ni pobres- estaría
dispuesto a demandar? Para el participante carecen de todo aliciente: ausencia
de liquidez, carencia de control de la inversión, pago de importantes
comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son rémoras para el cliente, se
convierten en ventajas para las entidades financieras: fondos cautivos que
manejan a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder
económico, a la vez que les permiten apropiarse mediante distintas comisiones
de la casi totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.
CAPITALIZACIÓN O
REPARTO
Los propagandistas de los fondos de
pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de
reparto, identificando el primero con el privado y el segundo con el público.
En realidad, cuando se trata de un sistema público la distinción entre
capitalización y reparto es más teórica que real. Si por una parte puede
suponerse que las pensiones de los pasivos se financian con las cotizaciones de
los activos -estaríamos entonces en un sistema de reparto- también puede suponerse,
y esto sería más exacto, que en función de la unidad de caja del Estado todos
los ingresos, incluidos impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los
gastos, también los de Seguridad Social.
Si esto es así, el sistema actual, al
que llamamos de reparto, se convertiría en un sistema de capitalización.
Podemos suponer que los recursos aportados hoy por las cotizaciones serían un
préstamo que los trabajadores actualmente activos realizan al Estado y que este
dedicará a financiar la inversión social y pública, desde la educación a la
sanidad, pasando por carreteras, comunicaciones, tecnología, empresas públicas,
etc. Dicho préstamo al Estado se devolverá junto con los intereses a los
cotizantes de hoy en forma de pensiones. Del mismo modo, las prestaciones
sociales que actualmente se pagan son el retorno a los jubilados de lo que
cotizaron (préstamo al Estado) en el pasado. Que la distinción es más teórica
que real se percibe con claridad en el hecho de que muchos fondos privados de
pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al
Estado. Lo que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades
financieras.
La argumentación anterior hace que
carezca de sentido el reproche al sistema público de pensiones de que genera
una situación intergeneracional injusta, ya que obliga a las generaciones
futuras a mantener a un mayor número de pensionistas. Las cotizaciones y los
impuestos de esos jubilados han hecho posible mediante la educación, las
infraestructuras, la investigación, etc., que la productividad en una serie de
años se haya multiplicado y que el trabajo de los activos de ahora y del futuro
produzca mucho más y que la renta per cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado
responde a la óptica macroeconómica, analizando los efectos globales o a partir
del análisis de la prestación promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se
trata de la conveniencia de un determinado particular, entonces sí puede haber
una distinción radical y fundamental entre el sistema público y el privado. En
el segundo, no se da ninguna redistribución de rentas. Existe una
correspondencia unívoca entre cada prestación y la correspondiente cotización
individual. Las diferencias que se pueden generar en el sistema privado son muy
superiores a las de un sistema público, hasta el extremo de que para muchos
colectivos los planes de pensiones son prácticamente inaplicables, teniendo que
hacerse cargo el sector público en último término de las prestaciones.
CAMBIO EN LA DISTRIBUCIÓN
DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un
efecto positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las
distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían
anualmente de acuerdo con el incremento del índice de precios al consumo.
La medida parecía justa y lógica. Justa porque así lo proclama nuestra
Constitución y lógica porque con la inflación también se incrementan y a veces
más que proporcionalmente los ingresos del Estado. Hay una afirmación que debería
ser de común aceptación: mientras que la renta por habitante de una población
se mantenga constante o crezca, ningún miembro de ella, bien sea pensionista,
funcionario, escritor o bombero, tiene por qué ver empeorada su situación en
cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los
jubilados vean que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los
expertos del Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la
ilusión monetaria, para reducir progresivamente las pensiones, de manera que se
cierre el desfase existente por otras causas entre las cotizaciones y las
prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo
las pensiones suben por término medio menos que lo que lo ha hecho la renta per
cápita es porque otras rentas, bien sean las salariales, las de capital o las
empresariales, lo hacen en un porcentaje mayor, es decir, se modifica la
redistribución de la renta en contra de los pensionistas; ni que decir tiene
que este efecto es mucho mayor cuando se pretende que ni siquiera mantengan el
poder adquisitivo. Los expertos del Gobierno hablan de un factor de equidad
intergeneracional, pero lo cierto es que todas las recomendaciones que ofrecen
en su informe tienden a romper tal equidad, condenando a los pensionistas a un
empobrecimiento progresivo en favor de otras rentas y es bastante lógico
suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el
incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las
pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y
de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El
riesgo viene de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la
presión fiscal de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%),
inferior incluso a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de
diferencia con Francia, y de diez y de ocho con Italia y Alemania,
respectivamente (Eurostat), y de unos políticos que prefieren recortar las
pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta
sí que tendría que ser la primera y principal reforma que habría de llevarse a
cabo.
ASEGURAR LAS PENSIONES
PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan
mantener un nivel de vida digno es una cuestión de la máxima importancia social
y política. Los principios que deben regir la gestión de este derecho de la
ciudadanía se encuentran en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento
jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 de la Constitución, que garantiza
a todos los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas
periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en
épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún
problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el
artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas del país y las
grandes fortunas pagaran las cantidades que en justicia les corresponden y en
estos momentos eluden. No se trata de confiscar el dinero de nadie: una
contribución similar a la de sus equivalentes en otros países europeos -Estados
social y democráticamente más avanzados- sería suficiente.
Para todos los que luchamos por la
democracia y la justicia social, el máximo referente normativo no puede ser
otro que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su memorable artículo 25
hace una mención expresa a la tercera edad, en relación al derecho a un nivel
de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano posee. Es más, el
artículo 22 establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene
derecho a la seguridad social”.
DERECHO CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión
digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración
Universal de Derechos Humanos, los abajo firmantes, economistas, profesionales
y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, no podemos dejar de
denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara
el Gobierno, que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a
entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con
argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar
una vez más las pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en
medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la
población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que
conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para
salir de una recesión. Y además, justificar la reforma con argumentos falsos,
solo para satisfacer a los grandes grupos financieros de presión es una
verdadera traición a los intereses de la mayoría de la población.
- Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor
esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá
más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que
de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio
financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que
se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.
El equilibrio financiero depende no solo
del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino
de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las
pensiones:
§
Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos
recibirá la seguridad social.
§
De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en
los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las
pensiones incluso con menos empleados.
§
Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios
en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá
para financiar las pensiones.
§
De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más
cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad
Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que
pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la
esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra
economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que
hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas.
Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas
neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las
directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la
respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer
a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente,
todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si
conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo
mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de
desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin
dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los
próximos años.
- Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un
mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las
predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente
si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre
envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de
algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta
que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o
Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no
podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo
sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que
los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos
años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de
la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de
vida.
- Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá
con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las
predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de
sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de
pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo
contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros
años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si
ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los
problemas del futuro.
- Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de
jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es
tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las
personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor
esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que
vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por
tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las
personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de
rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes
desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a
los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una
injusticia inaceptable.
- Denunciamos que el grupo “de sabios” que ha elaborado la
propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente
sesgada y muy poco independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o
tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es
obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un
aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.
- Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse
por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la
medida de recortarlas para alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las
decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas
que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más
inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación
de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible
jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi
cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los
niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de
recursos.
- Denunciamos que se oculta a los españoles que las
cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las
pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos
de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar
con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta
también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para
otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y
eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir
constantemente los medios dedicados a su persecución.
- Denunciamos que lo que pretenden las reformas que se
realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los
recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente
informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el
futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada
vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro
mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades
financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores
no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos,
y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre
enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan
resultarles un negocio suculento.
- Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos
intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el
futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen
imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el
empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros
conocimientos y experiencia como economistas y juristas, pedimos a la opinión
pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan
obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja
la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que nuestras
pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las
razones que se aducen sino justamente por las que se callan y que los mismos
gobiernos han provocado. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará
nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución
“sabia” no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar
cuántos nuevos recursos se van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la
forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con
certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando
lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez
pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las
propuestas que prepara el Gobierno, a manifestar el rechazo frontal a todas
ellas y a reclamar con toda firmeza otra política económica frente a la crisis
que no siga destruyendo empleo y generando cada día más deuda y
empobrecimiento.
Elaboradores
Francisco Álvarez
Molina
Analista
financiero. Doctor en Ingeniería Informática y licenciado en Matemáticas
(Paris-Sorbona).Diplomado del Chartered Institute for Securities and Investment
de Londres. Ex vicepresidente de la Bolsa de París y ex consejero-director
general de la Bolsa de Valencia. Miembro del comité asesor de la Convention of
Independant Financial Advisers, que a su vez asesora al comité socio-económico
de la ONU. Miembro de la asociación española de analistas financieros.
Presidente de la consultora independiente ÉTICA Family Office y presidente de
la empresa de asesoría financiera independiente ÉTICA
Patrimonios EAFI.
Patrimonios EAFI.
Lourdes Benería
Doctora
en Economía por la Universidad de Columbia (USA), Catedrática de la Universidad
de Cornell hasta jubilarse en 2009 donde fue Directora de varios programas como
el Programa de Estudios Latinoamericanos y el de Género y Cambio Global;
trabajó en el Programa de Empleo Mundial de la OIT y ha colaborado como
consultora en otras agencias de las Naciones Unidas como UNIFEM, PNUD Y el
Consejo Económico y Social. Ha sido Presidenta de IAFFE (2005) y es miembro del
consejo editorial de varias revistas académicas de Economía.
Francisco Javier Braña Pino
Catedrático
de Universidad en el Departamento Economía Aplicada en la Universidad de
Salamanca. Doctor en Ciencias económicas y empresariales, con una extensa y
reconocida actividad investigadora, tiene también una amplia experiencia en el
sector empresarial, tanto público como privado. Coautor del libro, editado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 2007, “Extensión de la vida
laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”.
Agusti Colom ha sido Sindic de Comptes de Catalunya.
Cristina Carrasco
Profesora
de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Amplia investigación y
publicaciones en temas de trabajo de las mujeres y economía feminista.
Pertenece al consejo Editorial de la Revista de Economía Crítica y del Feminist
Economics. Participa en el Seminario de Economía Feminista de Barcelona.
Agusti Colom
Profesor
de Teoría económica en la Universidad de Barcelona. Ha sido Sindic de Comptes
de Catalunya. Miembros del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica.
Fernando Esteve Mora
Profesor Titular de Fundamentos de Análisis Económico.
Universidad Autónoma de Madrid. Autor del trabajo “Justicia distributiva y
sistemas de pensiones”. Principios. Estudios de Economía Política, nº 13, 2009,
y de otros artículos sobre el sistema de pensiones en colaboración con Rafael
Muñoz de Bustillo, entre el que destacaría el informe “Extensión de la vida
laboral o inserción temprana de jóvenes. Alternativas al sistema de pensiones”
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2007).
Miren Etxezarreta
Economista. Ha sido durante 35 años Catedrática de
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde sigue
siendo Catedrática emérita. Entre sus diversas obras se pueden mencionar:‘Que pensiones, qué futuro’ con otros colegas, Ediciones Icaria,
2009 y Privatisation
of pensions, artículo con Mejra Festic, publicado en Privatisation against the
european social model, Editado
por Marika Frangakis et. al. Palgrave, 2009.
Ramón Franquesa
Profesor
Titular de Economía mundial de la Universidad de Barcelona. Delegado sindical
de CCOO en la JPDI de la UB. Coautor de Economía Mundial, JM Vidal Villa;
McGrawHill , 2001.
Alberto Garzón
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga y Máster en
Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid.
Es miembro del Consejo Científico de ATTAC-España. Responsable de Economía
Política Global y portavoz de Economía y Hacienda en el Congreso de los
Diputados por Izquierda Unida.
Antonio González González
Economista. Ha sido Secretario General de Empleo (entre
2006 y 2008), así como Director del Gabinete del Ministro de Trabajo e
Inmigración, vocal asesor en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno,
Director del Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT entre
1995 y 2004, e investigador en el Instituto Sindical de Estudios.
Adoración Guamán
Profesora
Titular de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de
València. Doctora por las universidades de València y Paris X – Nanterre. Su
ámbito actual de trabajo y estudio son las consecuencias de la crisis económica
sobre la regulación del trabajo y los derechos de las y los trabajadores.
Colaboradora habitual con distintos movimientos sociales y sindicales, ha desarrollado
la tarea de análisis, crítica y difusión de los contenidos y efectos de las
sucesivas reformas laborales. Entre sus últimas publicaciones destaca “El
huracán neoliberal, una reforma laboral contra el trabajo”, junto con Héctor
Illueca y la coordinación del libro “Educación Pública, de todos para
todos: las claves de la marea verde”.
Héctor Illueca Ballester
Doctor
en Derecho por la Universidad de Valencia e Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, desde 2004. Participante habitual en sistemas extrajudiciales de
solución de conflictos laborales, ha sido Árbitro en materia de elecciones
sindicales durante los años 2005-2009. Ha impartido numerosos cursos y
seminarios sobre diferentes materias vinculadas al ámbito de los derechos
sociales y políticas públicas y es coautor del libro “El huracán neoliberal:
una reforma laboral contra el Trabajo” (2012), que estudia críticamente los
cambios percibidos en la configuración del Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social desde la irrupción del neoliberalismo.
Juan López Gandía
Catedrático de la Universidad de Valencia. Experto en materia de
Pensiones, y firme defensor del Sistema público de pensiones en el Estado
Social de Derecho. Ha publicado numerosos artículos especializados y es autor,
entre otros, del libro “Las claves de la reforma de la Seguridad Social”, un
análisis practico de la ley 27/2011.
Juan Francisco Martín Seco
Ha
sido profesor de Introducción a la Economía, de Teoría de la Población y de
Hacienda Pública. Pertenece a los Cuerpos de Interventores y Auditores del
Estado y al de Inspección de Entidades de Crédito y Ahorro del Banco de España.
Ha desempeñado, entre otros, los cargos de Interventor General de la
Administración del Estado y de Secretario General de Hacienda.
José Luis Monereo
Catedrático
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada,
durante 34 años. Experto en materia de Seguridad Social y del Sistema de
Pensiones. Autor, entre otros, de los libros y ensayos “Público y
Privado en el Sistema de Pensiones”, “Los planes de pensiones del sistema de
empleo”, “La edad de jubilación”, “La política de pensiones en el Estado Social
en Transformación”, “Los planes de pensiones en el sector público”, “Derechos
sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral”, “Planes y fondos de
pensiones: propuestas de reforma” (Fundación Alternativas), “Ciudadanía y
derechos de las personas mayores”.
Pedro Montes
Miembro
por oposición del Servicio de Estudios del Banco de España, en el que
trabajo durante 38 años, algunos de los cuales fue responsable del Sector
Público. Autor, junto a Jesús Albarracín, de la investigación “Las
pensiones y la Sociedad del futuro”, publicada por la Universidad Carlos lll de
Madrid. Autor, entre otros, del libro “Golpe de Estado al Bienestar”.
Rafael Muñoz de Bustillo
Llorente
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca,
donde ha sido profesor desde hace más de 30 años. Durante el curso 2012-13 ha
sido Visiting Scholar de la School of Public Policy and Urban Affairs de la
Universidad de Northeastern, Boston. Ha publicado numerosos libros y artículos
sobre el Estado de Bienestar y distintos trabajos sobre el sistema de pensiones
para el Ministerio de Trabajo y el Fondo de Investigación de la Protección
Social de la SS. Participa de forma habitual en grupos internacionales de
investigación con financiación de la Unión Europea y la Organización
Internacional del Trabajo.
Vicenç Navarro
Catedrático
de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y también de la The
Johns Hopkins University en EEUU. Dirige el programa de Políticas Públicas y
Sociales, de patrocinio conjunto por la UPF-Hopkins. Es uno de los autores más
citados en la bibliografía científica internacional en Ciencias Sociales, que
incluye Ciencias Políticas y Economía entre otros.
Carlos Ochando Claramunt
Profesor
titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y experto
en temas relacionados con el Estado del bienestar y las políticas sociales.
Albert Recio
Miembro
del Consejo Editorial de la Revista de Economia Critica. Especialista en
Economia laboral y represento en España el International Working Party on
Labour Market Segmentation, soy miembro del Institut d’Estudis del Treball.
Jordi Roca Jusmet
Catedrático del
Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Autor del
libro Pactos sociales y política de rentas y coautor de Economía ecológica y
política ambiental. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas
internacionales. Ha sido profesor entre otras muchas materias de “economía
laboral”.
Julio Rodríguez López
Estadístico superior del estado en el INE durante 2 años, por
oposición (1969-71), después fue titulado del Servicio de Estudios del Banco de
España a partir de 1971, también por oposición. Entre 1982 y 1985 fue consejero
de Economía e Industria de la Junta de Andalucía; entre 1985 y 1994
fue presidente del Banco Hipotecario de España y entre 1994 y 2001 fue
presidente de la Caja de Ahorros de Granada. Entre 2006 y 2008 fue gerente de
la Universidad de Alcalá. Ha publicado numerosos artículos sobre mercado y
política de vivienda. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid
(antigua FSM), negociando el Estatuto de Autonomía de Madrid con UCD y con AP.
Amat Sánchez
Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada de la
Universidad de València. Especialista en Economía Laboral. Director de la
Unidad de Investigación Economía y Política Laboral. Investigador asociado del
Insitut d’Estudis del Treball.
Juan Torres López
Juan
Torres López, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático del
departamento de Teoría Económica y Economía Política de la Universidad de
Sevilla. Ha sido decano de la Facultad de Derecho y Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga. Ha desempeñado el cargo de
Secretario General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía.
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